Ministerio Público pide un año de prisión para acusados de extorsión
SANTO DOMINGO.– El Ministerio Público solicitó un año de prisión preventiva como medida de coerción contra diez personas acusadas de integrar una presunta red criminal dedicada a extorsionar, chantajear y estafar a residentes en Estados Unidos.
La petición fue presentada por la Dirección General de Persecución y la Fiscalía de Santiago tras los arrestos realizados durante la Operación XL526, desarrollada el pasado martes en las provincias Santiago y Puerto Plata.
Entre los principales imputados figuran Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Ariel Sosa Almonte, señalados por las autoridades como presuntos cabecillas de la organización.
También fueron incluidos en la solicitud de medida de coerción Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yusmery Altagracia Cabrera, Danny Rafael Lantigua y Julio Antonio Peralta del Rosario.
El Ministerio Público solicitó además que el caso sea declarado de tramitación compleja debido a la cantidad de imputados y víctimas involucradas, así como por los presuntos delitos de lavado de activos y crimen organizado que forman parte de la investigación.
Según el expediente, la estructura operaba desde el municipio de Jacagua, en Santiago, y se dedicaba de manera sistemática a cometer estafas, extorsiones y otros delitos de alta tecnología para obtener recursos económicos de víctimas radicadas en Estados Unidos.
Las autoridades han identificado hasta el momento al menos 18 víctimas y sostienen que la organización utilizaba mecanismos para transferir, ocultar y dar apariencia legal a los fondos obtenidos de manera ilícita.
La investigación cuenta con evidencias testimoniales, documentales y periciales que vinculan a los imputados con delitos como asociación de malhechores, estafa, chantaje, lavado de activos, obtención ilícita de fondos, distribución de sustancias controladas y porte ilegal de armas de fuego.
La Operación XL526 incluyó 28 allanamientos y fue ejecutada por 35 fiscales con el apoyo de organismos especializados de la Policía Nacional y agencias internacionales de cooperación en materia de seguridad.
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