Justicia ordena prisión para acusados de liderar red de armas ilegales
SANTO DOMINGO.– La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva a dos hombres acusados por el Ministerio Público de encabezar una presunta red dedicada al tráfico internacional de armas, desmantelada recientemente mediante una serie de operativos realizados en distintas provincias del país.
La medida de coerción fue dictada contra Juan Francisco Morel Díaz, conocido como Arismendy o Bobi, y Wilson Manuel Abreu Disla, alias Wilson, quienes deberán cumplir la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Juana Núñez, en la provincia Hermanas Mirabal.
En relación con los demás imputados, identificados como José Luis Vignieri Rodríguez, Brian Vignieri Dilone, Pablo Sánchez Arnau (Alemán), Henry Miguel Ángel Paulino Marmolejos y Joel Rafael González Martínez, el tribunal dispuso medidas consistentes en el pago de garantía económica e impedimento de salida del país.
La jueza Fátima Veloz declaró además el proceso como caso complejo debido a la magnitud de la investigación y la cantidad de personas involucradas.
Investigación y operativos
Según el Ministerio Público, los acusados formaban parte de una estructura criminal dedicada a la introducción, almacenamiento, distribución y comercialización ilegal de armas de fuego y accesorios en territorio dominicano.
La investigación se originó tras la detención en flagrante de Brayan Jesús Gil Pérez, ocurrida el 3 de diciembre de 2025 en el sector Miraflores, del Distrito Nacional. Durante el arresto, las autoridades ocuparon varias armas de fuego, cargadores y equipos de comunicación.
Como resultado de las pesquisas, el pasado 29 de mayo fueron ejecutados 14 allanamientos simultáneos en las provincias Hermanas Mirabal, Duarte, Espaillat y el Distrito Nacional, con la participación de fiscales y miembros de organismos especializados de la Policía Nacional.
Durante los operativos fueron incautadas armas cortas y largas, municiones, cargadores, equipos electrónicos, dinero en efectivo y vehículos que presuntamente eran utilizados por la organización.
Asimismo, las autoridades informaron que en una de las intervenciones fueron ocupadas sustancias narcóticas, entre ellas cocaína y marihuana, las cuales fueron analizadas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
El Ministerio Público sostiene que existen evidencias suficientes para vincular a los imputados con delitos relacionados con tráfico ilícito de armas, asociación de malhechores, narcotráfico y lavado de activos, mientras continúan las investigaciones para determinar el alcance de las operaciones de la presunta red criminal.
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