Mal convenio, pésima señal
Por Federico A. Jovine Rijo
El 23 de junio, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) solicitó a la Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, la homologación del acuerdo mediante el cual aplicó un criterio de oportunidad en favor del imputado Máximo Gerardo Montilla Sierra y diez empresas vinculadas.
En dicho acuerdo, la PEPCA señala que Montilla realizó prácticas fraudulentas de “sobrevaloración de equipos”, “creación de monopolios”, “acceso a información privilegiada”, “manipulación de plazos de entrega”, entre otros. Recurriendo a la doctrina y al Código Procesal Penal, estableció que la aplicación del criterio de oportunidad conlleva la colaboración eficaz del imputado de cara a investigar o evitar la comisión del delito presente, o de futuros similares.
La PEPCA destacó la “intención [del imputado] de colaborar”, y que los delitos cometidos se encuadraban en los tipos penales de “asociación de malhechores”, “estafa contra el Estado”, “soborno activo” y “lavado de activos”. El acuerdo –homologado el 02 de septiembre– suponía, no sólo el reconocimiento de la comisión de los delitos y crímenes imputados por la PEPCA, sino también un esquema de resarcimiento económico compensatorio en el cual, las entidades estatales más perjudicadas por sus actuaciones –las EDEs– obtenían una cuantía ínfima (600 millones) de lo que, mediante la querella formal interpuesta el 14 de junio de 2021 (20,000 millones), habrían obtenido por concepto del perjuicio ocasionado por el esquema fraudulento, reconocido por el propio imputado.
Hoy, el Ministerio Público (MP) celebra el acuerdo, pues le evitó un proceso. No obstante, 3,082 millones dejan de ser mucho dinero cuando se comparan con las pretensiones de la querella de las EDEs. Lo de por qué no se le dio curso durante cuatro años a la única querella interpuesta por el Estado de manera directa, merece una explicación. Como también, por qué los abogados actuantes en la misma cobraron un 6% (sobre lo recuperado a las EDEs) y no el clásico 15% (válido en el rango de lo legal) que cobran otros abogados apoderados por el Estado. Un 9% de diferencia no es poca cosa.
Más allá del reembolso de 3,082 millones; de que el MP compró a su chivato para acciones futuras; de que Danilo no sabía nada (para variar), etc.; en su buena fe, el MP se pierde en lo esencial, pues prioriza la persecución del delito mayor sobre el fin social de la persecución penal. Enfocándose en lograr castigos ejemplares sobre otros actores, el MP envía un mensaje funesto en términos de cohesión social.
Al validar acuerdos, también valida modelos delictivos. El MP le dice a la sociedad que se puede robar a lo grande –y salir impunemente–, siempre y cuando sea en dimensiones estratosféricas. El problema no será el delito (robar), el problema será la cantidad… porque luego se negocia y se resuelve.
El noble fin del criterio de oportunidad se desvirtúa y opera al revés, porque la oportunidad la tienen los corruptos, los bandidos, los estafadores… Mientras, a la sociedad sólo le toca observar, derrotada.
Fuente: Lístin Diario
