De Odebrecht a Calamar: uso del criterio de oportunidad en RD
En la República Dominicana, el criterio de oportunidad es una herramienta procesal que el Ministerio Público puede aplicar para evitar la persecución penal en algunos casos, según lo contemplado en los artículos 34 al 37 del Código Procesal Penal.
El caso más reciente se produjo la semana pasada, cuando el Tribunal Colegiado de Barahona homologó un acuerdo de criterio de oportunidad para una de las integrantes de una estructura criminal de narcotráfico y lavado de activos desmantelada en 2023.
El tribunal validó la aplicación de este criterio con respecto a Yahaira Ferrera Báez, a quien impuso una multa de 200 salarios mínimos.
El grupo fue arrestado en flagrante delito tras un operativo el 10 de julio de 2023, en el que se ocuparon 245 paquetes con un peso de 254.080 kilogramos de cocaína clorhidratada.
A esta red se le vincula también con el decomiso de 14 pacas (446 paquetes) en Pedernales en 2013, y 285 paquetes de cocaína ocupados en la playa Caletón, de Barahona, en 2018.
Se estima que la estructura movió en el sistema financiero nacional más de RD1, 221millonesyUS96, 000.
El Ministerio Público ha utilizado de forma estratégica los criterios de oportunidad en expedientes de alto perfil como Odebrecht, Antipulpo, Calamar y Coral. Gracias a esta herramienta, los implicados han colaborado con las investigaciones, aportando información clave para avanzar en los casos contra exfuncionarios acusados de corrupción y lavado de activos.
Aunque el criterio de oportunidad no se aplica con gran frecuencia, su uso está justificado para descongestionar el sistema judicial y priorizar la persecución de delitos más graves.
La Procuraduría General de la República (PGR) no hace públicos de manera sistemática los datos sobre los casos en los que se aplica, por lo que la mayoría de los conocidos son aquellos que han tenido un gran impacto mediático.
Un ejemplo reciente y ampliamente publicitado fue el del cuñado del expresidente Danilo Medina, Maxy Gerardo Montilla Sierra, y un grupo de sus empresas. Ellos aceptaron su responsabilidad penal y autorizaron el decomiso de RD$3,000 millones a favor del Estado como resultado de la investigación del caso Antipulpo.
El acuerdo fue homologado por el juez Raymundo Mejía del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
