Demandan instalación de comisión establecida por ley vigente
SANTO DOMINGO.– El Comité Institucional Codiano (CIC) solicitó al ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, agilizar la conformación de la Comisión de Validación, Depuración y Pago establecida en la Ley 16-26, al cumplirse un mes de la promulgación de la normativa destinada a reconocer y saldar deudas pendientes con contratistas del Estado.
La entidad expresó preocupación por la ausencia de información oficial sobre la integración de la comisión, considerada fundamental para iniciar el proceso de revisión y validación de cientos de expedientes acumulados durante años por ingenieros, empresas constructoras y suplidores que ejecutaron obras para organismos públicos.
Miguel Liberato, vocero del CIC, afirmó que la promulgación de la Ley 16-26 constituyó un paso importante para enfrentar una deuda histórica del Estado con numerosos contratistas, aunque advirtió que el impacto real de la legislación dependerá de la rapidez con que se implemente el mecanismo previsto para su aplicación.
“La ley representa una esperanza para cientos de profesionales y empresas que esperan el reconocimiento de trabajos realizados para el Estado, pero su éxito dependerá de que la comisión comience a operar cuanto antes”, sostuvo.
El comité recordó que la legislación, promulgada el 1 de mayo de 2026, creó una comisión especial adscrita al Ministerio de Hacienda y Economía encargada de recibir, revisar, validar y depurar las reclamaciones relacionadas con obras ejecutadas con o sin contratos formales, antes de recomendar los pagos correspondientes.
Asimismo, consideró necesario que las autoridades informen quiénes integrarán la comisión, cuál será la metodología de evaluación y el calendario para la recepción y análisis de los expedientes, con el objetivo de garantizar transparencia y confianza en el proceso.
De acuerdo con estimaciones del CIC, más de 600 personas físicas y jurídicas podrían beneficiarse de la aplicación de la Ley 16-26, la cual busca dar respuesta a reclamaciones acumuladas durante décadas por trabajos realizados para distintas instituciones estatales.
La organización reiteró que la efectividad de la ley dependerá de una ejecución ágil y organizada que permita ofrecer soluciones concretas a los contratistas que esperan el pago de sus acreencias.
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