Imponen 18 meses de prisión preventiva a imputado en caso Senasa
La Pepca solicitó que el caso contra el imputado sea declarado de tramitación compleja
SANTO DOMINGO.– La Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso 18 meses de prisión preventiva contra un nuevo imputado vinculado a una presunta red de corrupción que habría sustraído miles de millones de pesos del sistema de salud a través del Seguro Nacional de Salud.
El tribunal, presidido por el juez Rigoberto Sena, ordenó que el acusado Ángel Luis Guzmán Vásquez cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, ubicado en San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo.
De acuerdo con el Ministerio Público, el imputado fue arrestado la noche del 24 de abril cuando intentaba salir del país por el Aeropuerto Internacional Las Américas, con destino a Boston, Estados Unidos, sin boleto de retorno.
La investigación es encabezada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa junto a la Dirección General de Persecución, quienes atribuyen al imputado participación en la autorización irregular de procedimientos médicos y consultas dentro de la red investigada.
Según el expediente, Guzmán Vásquez se desempeñaba como auxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas de Senasa entre marzo de 2021 y noviembre de 2022, periodo en el que presuntamente se habrían emitido miles de autorizaciones fraudulentas.
Las autoridades indican que el caso involucra 4,363 autorizaciones irregulares de servicios médicos, con un monto estimado superior a RD$41 millones, dentro de un esquema más amplio de presunto fraude que se investiga desde 2021 hasta 2025.
El Ministerio Público solicitó que el proceso sea declarado complejo, al tiempo que continúa profundizando las investigaciones para determinar la participación de otros posibles implicados.
En el mismo caso, el exdirector de Senasa, Santiago Hazim, junto a otros acusados, cumple también 18 meses de prisión preventiva, mientras otros imputados enfrentan distintas medidas de coerción, incluyendo arresto domiciliario e impedimento de salida del país.
Las autoridades estiman que el presunto esquema habría generado un desfalco superior a RD$15,000 millones en perjuicio del sistema de salud pública dominicano.
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