OMSA bajo sospecha: denuncias de autobuses “pintados antes del contrato” sacuden la transparencia pública
Un contrato de casi RD$29 millones, cuestionamientos sobre adjudicación tardía y versiones encontradas colocan al Gobierno en el centro de un nuevo debate sobre manejo de recursos públicos.
Por Amancia Moreno
Un nuevo foco de controversia se enciende en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), tras denuncias que apuntan a posibles irregularidades en un contrato millonario para la rehabilitación de unidades, en el que —según versiones— los trabajos habrían iniciado antes de su adjudicación formal.
De acuerdo con informaciones difundidas en medios y plataformas digitales, el proceso involucró la intervención de 31 autobuses por un monto cercano a RD$28.9 millones, lo que equivale a aproximadamente RD$985,000 por unidad, generando cuestionamientos sobre el costo y la transparencia del procedimiento .
Uno de los puntos más delicados es la denuncia de que los autobuses ya estaban pintados o intervenidos antes de que el contrato fuera formalmente adjudicado, lo que, de confirmarse, representaría una violación grave a los principios de la Ley de Compras y Contrataciones Pública. A esto se suman otras inquietudes: el uso de un proceso de urgencia, posibles inconsistencias en las actas del comité de compras y restricciones geográficas que limitaron la participación de oferentes.
Las denuncias han sido amplificadas por comunicadores y actores del debate público, quienes advierten que este caso podría afectar la credibilidad institucional si no se ofrecen explicaciones claras y verificables.
Sin embargo, desde la propia OMSA se ha ofrecido una versión distinta. El vicepresidente ejecutivo, Onéximo González, ha rechazado categóricamente las acusaciones, asegurando que no se trata solo de pintura, sino de un proceso integral de rehabilitación que incluye carrocería, interiores, asientos, pisos y adecuaciones mecánicas . Según la institución, el costo promedio por unidad ronda los 10 mil dólares, muy por debajo del precio de un autobús nuevo, lo que —afirman— demuestra eficiencia en el uso de los recursos públicos.
El funcionario también reconoció que algunos trabajos iniciales pudieron haberse realizado en talleres propios de la institución, lo que, según su explicación, no afecta la legalidad del proceso competitivo . Esta afirmación, lejos de cerrar el debate, ha intensificado las interrogantes sobre los tiempos y la secuencia real de ejecución.
En un país donde la transparencia en el gasto público es cada vez más exigida por la ciudadanía, este caso vuelve a poner sobre la mesa una pregunta clave: ¿se están respetando los procesos o simplemente justificando decisiones ya tomadas?
Por ahora, la OMSA asegura que todo puede ser auditado. Pero en el terreno de la opinión pública, el daño ya está hecho: cuando los hechos parecen adelantarse a los contratos, la confianza institucional entra, inevitablemente, en zona de riesgo. En Diario Publico Dominicano seguiremos dando detalles de este caso hasta llegar a la verdad.
